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El 50/50 vuelve a tocar la puerta del Gobierno justo cuando Bolivia se prepara para escuchar el mensaje presidencial por el 6 de agosto. Paz prometió avanzar con una nueva distribución de recursos, pero hasta ahora esa promesa no se tradujo en el Presupuesto General del Estado: no está en el PGE 2026 original ni en su reformulación de julio.
En Cochabamba el pollo ya no solo se mira por el precio, también se mira y se deja. Hay producto en los puestos, pero el comprador pregunta cuánto cuesta, hace cuentas y muchas veces termina yéndose con menos o con nada. El problema empieza a sentirse donde más duele: en el bolsillo.
“Se trabó”, dice Samuel Doria Medina al describir el momento que atraviesa el Gobierno de Rodrigo Paz. Su diagnóstico apunta a una tensión que va más allá de la salida de José Luis Lupo: mientras el exministro intentaba empujar cambios estructurales para profundizar la transformación del Estado, otros importantes ministros mantenían una agenda más inmediata y relajada. El resultado, según Doria Medina, fue un Gobierno que terminó avanzando a distintas velocidades.
José Luis Lupo deja el Ministerio de la Presidencia con una salida que dice tanto por lo que ocurre como por lo que no ocurre. Rodrigo Paz prescinde de él de uno de los puestos más cercanos al poder presidencial, pero no le cierra la puerta: agradece su paso por el Gobierno y lo proyecta hacia una representación internacional. La señal parece clara: Lupo no era parte del círculo de confianza más estrecho del Presidente, pero Paz tampoco quiso convertir esa diferencia en una factura política.
Rodrigo Paz parece haber llegado a una conclusión después de evaluar dos piezas sensibles de su Gobierno: la Presidencia necesita más capacidad de articulación y la Cancillería necesita continuidad. El movimiento explica mejor que cualquier discurso el cambio de Fernando Aramayo y Héctor Huanca: uno deja la política exterior para convertirse en una pieza central de la coordinación interna; el otro asciende desde el Viceministerio para mantener el rumbo diplomático. La pregunta ya no es por qué se movieron las fichas, sino si el nuevo tablero hará que el Gobierno funcione mejor.
Un Gobierno pierde autoridad cuando sus propias instituciones empiezan a hablar con voces distintas sobre el cumplimiento de una orden judicial. El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, afirma que detener a Evo Morales no es una prioridad; horas después, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostiene exactamente lo contrario y ratifica que su captura sí constituye una tarea prioritaria. El problema ya no es solamente Morales: es quién manda y quién fija la línea del Gobierno.
En la planilla, el salario puede seguir siendo el mismo. En la calle, ya no compra lo mismo. Esa es una de las caras menos visibles de la devaluación del boliviano: mientras las cifras nominales permanecen intactas, el poder adquisitivo se erosiona. Y entre quienes sienten primero el golpe están los jubilados, porque una renta fija no puede correr detrás de una moneda que pierde valor.
El mundo cambió y América Latina y el Caribe no parte de cero. Tiene recursos, capacidades y oportunidades para afrontar un escenario internacional marcado por la rivalidad entre potencias y unas relaciones económicas cada vez más condicionadas por la geopolítica. Pero entre tener con qué y saber cómo hacerlo rendir existe una distancia enorme. Esa brecha se vuelve especialmente sensible en países como Bolivia, donde la discusión suele quedarse en la riqueza potencial de los recursos mientras en la calle la pregunta es mucho más sencilla: ¿cómo se convierte todo eso en inversión, empleo, ingresos y bienestar?
El diputado Rolando Pacheco mostró unas esposas y anunció que, si se encuentra frente a frente con el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, procederá a su aprehensión “en acción directa”. La escena plantea una pregunta inevitable: ¿Sokol, al ver las esposas y conocer la intención de Pacheco, correrá a entregarse? Más allá de la frase efectista, el problema es que un diputado puede denunciar y fiscalizar, pero no sustituir a la Fiscalía ni convertirse en autoridad ejecutora de una aprehensión.
Mientras miles de bolivianos hacen cuentas para enfrentar el dólar caro, los precios y una economía que aprieta el bolsillo, La Paz se entrega al Gran Poder. La fiesta llena las calles de música, color y dinero, en una postal que contrasta con la preocupación que domina buena parte del país. El gobernador Luis Revilla llegó al evento, mientras el alcalde César Dockweiler se sumó a la celebración como miembro de una fraternidad y el presidente no dejó pasar la oportunidad para estar en el palco.
