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El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, publicó un mensaje que, a primera vista, parece una broma: “Imagino que todos los churrascos de esta semana serán estrictamente familiares”. La frase pasó a formar parte de la conversación pública, pero deja una pregunta difícil de responder: ¿qué quiso decir exactamente? En un país donde el costo de vida y el poder adquisitivo preocupan a las familias, el comentario, viniendo precisamente del responsable de la política económica, resulta cuando menos desconcertante.

El presidente Rodrigo Paz anunció un Alto Comisionado para combatir la corrupción, pero el anuncio abre una pregunta incómoda: ¿Bolivia necesita otra instancia anticorrupción o que las instituciones que ya tienen esa misión funcionen con independencia? El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé recordó que el país ya cuenta con Asamblea Legislativa, Contraloría, Procuraduría, Ministerio Público, Órgano Judicial y control social. El problema, entonces, podría no estar en la falta de instituciones, sino en la falta de voluntad política para fortalecerlas, coordinarlas y garantizar que quienes deben controlar al poder no dependan del poder que deben controlar.

Samuel Doria Medina sostiene que el Gobierno está intentando contener la inflación y el alza del dólar retirando bolivianos de circulación: por un lado, elevando el encaje legal de los bancos y, por otro, absorbiendo liquidez mediante Operaciones de Mercado Abierto (OMAs). Su explicación parte de un principio básico de economía: cuando escasea el dinero disponible, se reduce la presión sobre los precios y sobre la demanda de dólares. Pero la otra cara del mecanismo también está en los libros de economía: menos liquidez puede significar menos crédito, menor consumo e inversión y, finalmente, más enfriamiento de una economía que ya está debilitada. Ahí comienza el verdadero debate: ¿Bolivia está estabilizando la economía o profundizando su recesión para conseguirlo?