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Bolivia acaba de hacer historia. El primer matrimonio civil igualitario del país se celebró en Santa Cruz de la Sierra y sus protagonistas son Fabiana Banzer y Scarlett Rocha, una pareja que tuvo que esperar tres años y diez meses para que el Estado reconociera legalmente a su familia. No fue un trámite de minutos, como para cualquier otra pareja, sino una batalla con dos amparos constitucionales, rechazos del SERECI y un expediente que llegó hasta el Tribunal Constitucional en La Paz. El 7 de agosto de 2026, por fin pudieron firmar el acta y decir sí, acepto, convirtiéndose en el precedente que hoy abre la puerta a decenas de parejas en todo el país.

La frase de Rüdiger Dornbusch parece escrita para el momento boliviano. David Espinoza Torrico conoce el Banco Central desde dentro: ingresó en 1987, ocupó durante años posiciones ejecutivas y hasta compartió esa institución con Luis Arce Catacora, cuando ambos formaban parte de su estructura técnica. Pero precisamente ahí comienza el debate: Bolivia de hoy ya no es la Bolivia monetaria de hace 20 años. El BCB enfrenta escasez de divisas, presión cambiaria, reservas debilitadas, inflación, problemas de liquidez y una economía sometida a riesgos que exigen capacidades nuevas. La pregunta, entonces, no es si su presidente tiene experiencia. Es si esa experiencia está preparada para jugar el partido financiero que Bolivia enfrenta en la actualidad.

La crisis boliviana ha entrado en una fase nueva. Ya no se discute si el Gobierno de Rodrigo Paz puede reconducir la situación, sino cómo se organiza su salida sin que el país se derrumbe.

Esa es la tesis que ha puesto por escrito el escritor y consultor político Ramiro Calasich G., una de las voces más influyentes del nuevo liberalismo boliviano. En un texto titulado “Se abre el debate inevitable ¿ADELANTAR ELECCIONES?”, Calasich sostiene que el Ejecutivo no es un Gobierno en crisis, sino la constatación de que ya no hay Gobierno que reconducir.

La declaración del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, introduce una pieza que puede cambiar la discusión sobre el precio del diésel: el Gobierno reconoce que el Decreto Supremo 5676, que elevó de Bs 9,80 a Bs 18 el litro para grandes consumidores, está entre los “condicionamientos” planteados por el FMI. La afirmación pone ahora el foco no solo en el precio del combustible, sino en qué compromisos asumió Bolivia y dónde están documentados.

El superávit comercial alcanzado por Bolivia con China abre una pregunta que va mucho más allá de una cifra positiva: ¿puede el país convertir su riqueza mineral en una fuente sostenida de dólares para fortalecer las reservas y financiar importaciones estratégicas? Una estrategia agresiva de producción, industrialización y comercialización de litio, oro, plata, zinc y otros minerales críticos podría convertirse en una de las alternativas para enfrentar la escasez de divisas sin trasladar abruptamente el costo del ajuste a productores y consumidores.