La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) encendió la polémica tras revelar gastos considerados excesivos en su Casa Ejecutiva en Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra. Su presidente, Sebastián Daroca, no se guardó nada y calificó como “indignante” el nivel de lujo encontrado, en un contexto donde la empresa enfrenta desafíos clave en combustibles y seguridad energética.
El presidente boliviano Rodrigo Paz lanzó un duro dardo contra Evo Morales, responsabilizándolo por la crisis estructural de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y cuestionando su “autoridad moral” para opinar sobre el futuro energético del país. El pronunciamiento se suma a la creciente tensión política en torno al modelo hidrocarburífero y la escasez de combustibles.
La propuesta de Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, de “refundar” Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos vuelve al centro del debate en medio del desabastecimiento de combustibles. Pero en la calle hay una idea más clara que el discurso político: esto no es como cerrar una tienda de barrio y abrir otra al día siguiente. Detrás de la estatal petrolera hay contratos, importaciones, subsidios y logística que no pueden detenerse sin consecuencias.
La posesión de Sebastian Daroca Oller como nuevo presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos llega en uno de los momentos más delicados para la estatal: escasez de combustibles, presión fiscal por la subvención y una caída sostenida en la producción de hidrocarburos. Aunque el discurso oficial apunta a un “cambio estructural”, las primeras señales muestran más una estrategia de contención que una transformación de fondo.
La renuncia de la presidenta de YPFB, a pocas semanas de haber asumido el cargo, encendió todas las alarmas. No se trata de un simple relevo institucional, sino de una señal clara de que la empresa estatal atraviesa una crisis más profunda de lo previsto. Mientras los medios hablan de deterioro interno y las redes reflejan desconfianza creciente, la pregunta de fondo es si el Gobierno tiene la capacidad —y la voluntad— de encarar una solución real.
“Hasta aquí hemos estirado la liga”. La frase del dirigente del transporte Víctor Tarqui no solo refleja molestia: marca el inicio de una escalada. Mientras el sector denuncia daños por combustible de dudosa calidad, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, deslinda respuestas hacia YPFB y pone el foco en la nueva ley del sector. Entre reclamos inmediatos y reformas de largo plazo, queda una pregunta sin resolver: ¿quién paga realmente los daños?
En una sesión marcada por la tensión y las dudas sobre la importación de combustibles, el ministro Mauricio Medinaceli defendió la actuación de su despacho ante la Asamblea Legislativa y dejó un mensaje claro: el Ministerio de Hidrocarburos y Energías no tiene responsabilidad directa en los contratos de compra y venta de petróleo, atribuyendo esa función a YPFB.
El conflicto por los combustibles escala y abre un frente de riesgo para el Estado. Mientras el Gobierno anunció la suspensión temporal de contratos con proveedores internacionales por un presunto caso de gasolina adulterada, Trafigura desmintió la medida y aseguró que sus acuerdos con YPFB siguen vigentes. El choque no solo es político: puede derivar en consecuencias legales millonarias.
En Bolivia, el combustible ya no solo se mide en litros, sino en confianza. Mientras el Gobierno denuncia una supuesta red que robaba y adulteraba gasolina desde Chile, en las calles la pregunta es otra: ¿dónde están las pruebas? Y como si el escenario no fuera lo suficientemente tenso, este martes se decidió suspender contratos con gigantes como Trafigura y Vitol, encendiendo aún más la incertidumbre sobre el abastecimiento.
Cuando el combustible falla, no solo se detienen los motores: se detiene la confianza. En ese escenario, el presidente Rodrigo Paz decidió mover la pieza más sensible del tablero energético: salió Yussef Akly y entró Claudia Cronenbold. No es un simple cambio administrativo, es un intento urgente de apagar un incendio que ya llegó al bolsillo y al ánimo de la gente.
