La postergación del tratamiento de los contratos de litio en la Asamblea Legislativa refleja la presión social ejercida por sectores potosinos, que han manifestado su rechazo a los términos actuales de los acuerdos. La falta de socialización previa y el temor a que los beneficios económicos no lleguen de manera equitativa a la región han sido los principales puntos de conflicto. En este contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, anunció que los contratos no serán considerados hasta que se complete un proceso de consulta y difusión, lo que sugiere un intento del oficialismo por calmar las tensiones y evitar un mayor desgaste político.
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y otras organizaciones han cuestionado la transparencia del gobierno en la negociación de los acuerdos, exigiendo que las regalías por la explotación del litio sean elevadas al 12%, muy por encima del 3% establecido en la Ley 535 de Minería. Además, han denunciado que el contrato con la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited no especifica un porcentaje fijo de beneficios para Potosí, sino que dependería de futuras modificaciones legales. Estas incertidumbres han generado movilizaciones y medidas de presión, como huelgas de hambre y bloqueos, obligando al Ejecutivo a cambiar de estrategia.
El Gobierno, a través del viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, ha anunciado el inicio de un cronograma de socialización, con mesas técnicas y reuniones sectoriales para informar y recoger observaciones. Sin embargo, la falta de un plazo definido para este proceso mantiene la incertidumbre sobre el futuro de los contratos. Mientras tanto, la explotación del litio sigue siendo un tema de alta sensibilidad política y económica, con el potencial de convertirse en un punto de inflexión en la relación entre el Estado y las regiones que demandan una mayor participación en los beneficios de los recursos naturales.
Redaccion central y agencias
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