La supuesta estrategia incluiría pagos en efectivo, presiones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y filtraciones desde el Ministerio de Justicia. Hasta el momento, no se ha publicado ninguna prueba verificable ni se ha confirmado el origen legítimo de los archivos difundidos.
¿Quiénes estarían involucrados?
Los nombres mencionados en la publicación —sin respaldo oficial— incluyen a Brígida Durán (esposa del presidente Arce), el vocal del TSE Tahuichi Quispe, el exministro de Justicia César Siles, y operadores políticos del ala “renovadora” del MAS. Se habla de un presunto depósito de 30 mil dólares, realizado desde una cuenta panameña a nombre de Durán hacia el vocal Quispe en marzo de 2025, con el supuesto objetivo de asegurar una resolución desfavorable para el Frente Para la Victoria, instrumento con el que Morales pretendía inscribirse.
Quispe ha calificado la acusación como una “maligna mentira” y, hasta ahora, ni el Gobierno ni la Primera Dama han emitido declaraciones públicas al respecto.
¿Cuándo y cómo surgió la denuncia?
La publicación se hizo viral el 1 de julio de 2025 a través de redes sociales afines al “evismo”, y fue recogida ese mismo día por el medio argentino mencionado. Posteriormente, portales digitales bolivianos como Visión360 y Kawsachun Coca amplificaron el contenido, sin verificación cruzada de los documentos. En paralelo, cuentas anónimas en redes difundieron supuestos vouchers bancarios, capturas de conversaciones y archivos etiquetados como “filtraciones ministeriales”, sin metadatos ni autenticación digital.
¿Dónde se habría producido esta operación?
El supuesto esquema habría operado desde La Paz, con movimientos bancarios vinculados a cuentas en el extranjero (Panamá, según la denuncia) y decisiones estratégicas tomadas en oficinas del Ministerio de Justicia y el Órgano Electoral. Las acusaciones implican también la intervención indirecta del aparato judicial mediante lo que el medio llama una “cadena de lawfare planificada”.
¿Por qué es importante este caso?
Aunque no hay pruebas concluyentes, el solo hecho de que esta denuncia circule con fuerza entre actores políticos del MAS evidencia una profunda fractura interna entre el ala “renovadora” liderada por Arce y el bloque “evismo” que busca el retorno de Morales al poder. La acusación aparece en un momento clave: mientras Evo insiste en que su inhabilitación es inconstitucional, el TSE y el Gobierno enfrentan cuestionamientos por la falta de elecciones judiciales y la prórroga de magistrados.
De confirmarse las acusaciones —o de no ser desmentidas con claridad por los involucrados— el caso podría convertirse en un nuevo frente de crisis institucional en Bolivia, alimentando la narrativa de persecución interna y descomposición del oficialismo.
¿Cómo avanza la verificación de esta información?
Al momento de publicar esta nota, ninguna entidad oficial ha presentado evidencia que respalde o desmienta los documentos. Las imágenes que circulan no contienen metadatos visibles, ni firmas digitales, ni se ha identificado el origen del supuesto archivo de 12 GB proveniente del celular de César Siles. Tampoco hay una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado.
Por tanto, desde CalleBolivia.Com catalogamos esta información como un RUMOR NO CONFIRMADO, en proceso de verificación.
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