La Paz 03 de julio, Bolivia. La campaña electoral rumbo a 2025 sigue sumando propuestas polémicas. Eduardo Del Castillo, candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) y exministro de Gobierno, planteó la legalización de vehículos indocumentados (“autos chutos”) mediante el pago de una suma reducida, complementada con la instalación de un “kit verde” que permitiría convertirlos en vehículos híbridos más amigables con el medio ambiente.
“Quiero que todos podamos avanzar con tranquilidad, protegiendo lo que con esfuerzo conseguimos y poniendo orden en nuestro país”, sostuvo Del Castillo, defendiendo su iniciativa como una solución pragmática a un problema social y medioambiental.
Un problema estructural: los autos chutos
El ingreso irregular de vehículos —principalmente desde Chile y Perú— es una problemática estructural que Bolivia arrastra desde hace décadas. Los autos “chutos” representan una alternativa económica para miles de familias, pero al mismo tiempo, una evasión tributaria y aduanera que afecta las finanzas públicas y fomenta el contrabando.
La legalización parcial de estos vehículos ya se ha intentado en gestiones pasadas, generando controversia entre sectores productivos y comerciales que cumplen con las normas vigentes.
Oposición: “Populismo en estado puro”
El senador opositor Henry Montero, referente crítico del oficialismo, reaccionó con dureza a la propuesta:
“Puedes prometer cielo y tierra, @EDelCastilloDC, pero fuiste parte del peor gobierno de la historia. Gracias a vos y tus jefes @LuchoXBolivia y @evoespueblo estamos en esta crisis. Tu 1% no te alcanzará, dedicate a otra cosa”, escribió en la red social X.
Otros líderes opositores también señalaron que esta medida es electoralista y que busca captar votos en sectores vulnerables a costa del cumplimiento de la ley.
Dudas sobre el impacto ambiental y económico
Técnicos medioambientales y expertos tributarios advierten que la implementación del “kit verde” requiere regulaciones claras, control de calidad y financiamiento sostenible. Cuestionan la capacidad del Estado para fiscalizar la correcta transformación de miles de vehículos y dudan de su verdadero impacto ecológico.
Además, alertan que la regularización de autos chutos podría desincentivar la importación formal de vehículos, afectando el comercio legal y las recaudaciones del Estado.
¿Regularización o incentivo al contrabando?
El debate de fondo gira en torno a si la legalización es una solución estructural o un incentivo al comercio ilegal, que podría profundizar la informalidad en el sector automotor y enviar señales negativas a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias.
Del Castillo, por su parte, defiende que su propuesta busca “dar tranquilidad a miles de familias” y avanzar en la transición hacia tecnologías más limpias.
El debate continúa
A medida que se acerca el calendario electoral, el tema promete seguir generando controversia entre quienes ven en la propuesta un acto de justicia social y quienes la califican como populismo electoral en busca de votos rápidos.
Redaccion central
About Author
