El presidente Luis Arce y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, presentaron el anteproyecto de ley para crear el Impuesto Alternativo Manufacturero (IAM), un tributo que busca sustituir el IT y el IUE en beneficio de micro y pequeñas unidades productivas del sector manufacturero. Aunque la propuesta pretende incentivar la formalización, se colige que no deja de ser un parche dentro de una estructura impositiva compleja, que demanda una revisión más profunda y criterios técnicos de mayor alcance.
El IAM plantea una alícuota inicial de 1% que subiría progresivamente hasta el 5% en cinco años, con la promesa de simplificar la carga para unidades productivas con ventas menores a 700 mil bolivianos anuales, menos de 10 trabajadores y un espacio reducido de operación. El Gobierno estima recaudar más de 15 millones de bolivianos en el primer año y hasta 86 millones en el quinto, confiando en que el nuevo esquema atraerá a miles de pequeños talleres, artesanos y manufactureros que hoy operan en la informalidad.
Sin embargo, la proyección se enfrenta a una realidad compleja: la informalidad en Bolivia supera el 60%, y sin incentivos financieros concretos, difícilmente las microempresas verán atractivo dar el salto a la formalidad. La carga tributaria, aunque reducida, no resuelve problemas estructurales como el acceso a créditos blandos, tasas de interés competitivas o la ausencia de un sistema de compras públicas que premie a los productores formales.
Lo que se plantea, en definitiva, es una salida parcial a un problema de fondo. En lugar de unificar y simplificar el sistema tributario, se añade un nuevo régimen especial que corre el riesgo de fragmentar aún más la normativa y crear incentivos perversos: empresas que limiten su crecimiento para no salir del IAM, o que transiten entre la formalidad y la informalidad dependiendo de su conveniencia coyuntural.
Lo que urge, al menos esa es nuestra deducción, es una nueva ley tributaria integral que ponga orden en la maraña de regímenes y evite la dispersión normativa. Más que un parche, se necesita un marco que sea facilitador del cumplimiento de las recaudaciones y no un obstáculo con procesos administrativos largos, sujetos a la discrecionalidad de la administración tributaria y al riesgo de interpretaciones interesadas que terminan afectando a los contribuyentes.
Por Manuel Rodríguez, analista invitado
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