La defensa del presidente del Senado al crédito gestionado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo el argumento de que “no es un problema si se invierten bien los recursos”, abrió un debate necesario en torno al uso responsable del endeudamiento público en Bolivia. Si bien el acceso a financiamiento externo puede ser una herramienta legítima para impulsar obras y dinamizar la economía, especialistas advierten que la clave no está en aprobar créditos por oportunidad política, sino en definir con claridad qué proyectos son realmente prioritarios y sostenibles.
En un contexto de restricciones fiscales, menor ingreso de divisas y presión sobre las finanzas públicas, el endeudamiento debe orientarse a inversiones que generen retorno económico y social. Infraestructura productiva, energía, logística, agua y conectividad suelen tener mayor impacto en competitividad y crecimiento, a diferencia de proyectos que solo incrementan gasto corriente o generan infraestructura sin uso. Aprobar créditos sin una evaluación técnica rigurosa puede trasladar el costo a futuras generaciones sin beneficios reales para la economía.
Un aspecto poco visible en el debate público es que toda deuda no solo implica la devolución del capital, sino también el pago de intereses durante varios años, lo que compromete presupuestos futuros y limita la capacidad de inversión del Estado. En ese sentido, la discusión no debería centrarse únicamente en el monto del financiamiento, sino en la capacidad real de repago y en la eficiencia con la que se ejecutarán los recursos, según analistas.
Más allá de la defensa política del crédito, el desafío para la Asamblea Legislativa es transparentar el destino de los fondos, establecer mecanismos de control y priorizar proyectos con impacto medible. La pregunta de fondo no es si Bolivia puede acceder a financiamiento externo, sino si está invirtiendo en aquello que realmente fortalece su economía, su institucionalidad y su estabilidad fiscal a largo plazo.
Redacción central La Paz
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