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El acuerdo de Bolivia con el FMI pone al Gobierno de Rodrigo Paz ante una prueba que va mucho más allá de las cifras: reducir el gasto público en 8,5% del PIB en tres años, eliminar progresivamente las subvenciones a los combustibles desde 2027, avanzar hacia un tipo de cambio flexible y contener el déficit exigirá un ajuste fuerte. Pero mientras se habla de austeridad y sacrificio nacional, la creación de nuevas estructuras dentro del propio Ejecutivo abre una pregunta incómoda: ¿el Gobierno realmente entendió que la hoja de ruta comienza por ordenar el Estado o terminará trasladando la mayor parte de la factura a la gente de la calle?

“No nos va a perdonar Dios si no lo hacemos”, afirmó Rodrigo Paz al convocar a Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa a dejar de lado sus diferencias y respaldar una agenda de reformas para Bolivia. El Presidente sostiene que existe una oportunidad histórica en el Legislativo, donde las fuerzas políticas distintas al MAS concentran una amplia mayoría, para aprobar leyes sobre hidrocarburos, minería, medio ambiente e inversiones, además de impulsar cambios a la Constitución.

Bolivia tiene un problema tributario que los números ponen sobre la mesa: una enorme concentración de la recaudación en un grupo muy reducido de contribuyentes. Entre enero y agosto de 2025, PRICO y GRACO representaban apenas el 1,14% del padrón, pero aportaban el 83,47% de la recaudación del mercado interno. La pregunta ya no es solamente cuánto recauda el Estado, sino si puede sostenerse en el tiempo un sistema que depende fiscalmente de tan pocos.

Rubio habló de Colombia. Elogió a Perú, Ecuador y a otros socios de la región. Bolivia no apareció. No es una prueba de que Washington le haya cerrado la puerta a La Paz, pero sí una fotografía incómoda para el Gobierno de Rodrigo Paz: mientras Estados Unidos construye nuevas alianzas en seguridad, energía, minerales críticos y comercio con sus vecinos, Bolivia corre el riesgo de mirar desde la vereda. Para el analista Mauricio Ríos García, esa es precisamente la oportunidad que Paz estaría dejando escapar.

Rodrigo Paz reconoció que depositó su confianza en Fernando Cerimedo y lamentó que esa relación no haya sido correspondida, una admisión que vuelve a poner bajo la lupa el vínculo entre el consultor argentino y el entorno presidencial. Porque cuando existe confianza, la relación deja de ser un simple contacto circunstancial: se comparten decisiones, información y preocupaciones, se dice en la calle. La pregunta que queda ahora sobre la mesa es inevitable: ¿qué sabía Paz de las actividades de Cerimedo y hasta dónde llegó esa confianza?

El incidente protagonizado por el vicepresidente Edmand Lara en Viacha escala políticamente. Durante un operativo de seguridad, Lara tuvo un tenso intercambio con personal militar y cuestionó la actuación de un uniformado, invocando su condición de autoridad. Tras el episodio, el Comando General del Ejército salió en respaldo de sus efectivos, mientras el presidente Rodrigo Paz fustigó la conducta de su vicepresidente y la calificó de peligrosa. El caso ya dejó de ser un incidente en Viacha y se convirtió en una disputa sobre autoridad, disciplina y límites del poder dentro del Gobierno.

El reclamo por la crisis de la salud en los departamentos vuelve a poner sobre la mesa una vieja disputa boliviana: quién administra los recursos y quién tiene realmente capacidad para resolver los problemas de la población. El secretario departamental de Salud, Germán Antelo, cuestionó que desde el nivel central se subestime a las regiones y defendió una mayor autonomía para administrar los recursos.

¿Gobernaba un asesor sin cargo? El caso Cerimedo suma un nuevo episodio tras la difusión, por parte del vicepresidente Edmand Lara, de un audio que atribuye al consultor argentino y al ministro Marco Antonio Oviedo. En el audio difundido hay expresiones de detenidos y cortes de servicios en San Julián. La Fiscalía suma otro material que deberá peritar para establecer la autencidad.

Las explosiones registradas en instalaciones militares de Viacha no solo dejaron víctimas y preguntas sobre la seguridad dentro de los cuarteles. También vuelven a poner sobre la mesa una discusión que Bolivia arrastra desde hace años: ¿qué modelo de Fuerzas Armadas necesita el país y qué lugar deben ocupar los conscriptos en él? En medio de esa discusión, el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín pide a la Defensoría retomar el debate sobre la objeción de conciencia al servicio militar, mientras Samuel Doria Medina plantea avanzar hacia una mayor profesionalización de las Fuerzas Armadas.

Con un mensaje que mezcla tranquilidad y cautela, el Banco Central de Bolivia (BCB) aseguró que cuenta con más de US$1.000 millones en recursos líquidos, suspendió temporalmente nuevas compras de dólares y anunció la restricción de parte de los bolivianos disponibles en el sistema financiero. La decisión revela una estrategia clara: preservar el colchón de divisas y, al mismo tiempo, reducir la liquidez en moneda nacional para contener eventuales presiones sobre el dólar y la inflación.