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El abogado de Fernando Cerimedo, Ramiro Vega, puso nombre y apellido a una acusación que ahora plantea una pregunta jurídica: sostiene que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, conocía previamente denuncias relacionadas con vuelos irregulares en Beni que son investigados por presuntos vínculos con el narcotráfico. Si esa afirmación puede ser demostrada documentalmente, ¿existe una razón legal para que Mariaca se excuse del caso? La respuesta está en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece causales específicas y un régimen especial para el Fiscal General.

¿Cómo pasó Fernando Cerimedo de una condena por vender dos veces el mismo departamento en Mar del Plata a convertirse en un operador político con conexiones internacionales y terminar preso en Bolivia? La pregunta vuelve a escena después de que LA NACION reconstruyera su pasado. El recorrido incluye una condena judicial en Argentina, negocios, política, polémicas electorales y ahora una prisión preventiva en Palmasola.

¿Por qué desaprueban a Rodrigo Paz? La respuesta de Ipsos CIESMORI enciende una señal de alarma para el Gobierno: entre quienes cuestionan su gestión, la corrupción aparece como la principal razón, seguida por la mala gestión y los problemas con los combustibles. El dato no queda ahí: mientras crece el malestar con el Gobierno, 8 de cada 10 consultados creen que Bolivia va por el rumbo equivocado.

La Asamblea de La Paz aprobó para 2027 una nueva escala salarial que eleva los ingresos de autoridades y funcionarios. El gobernador Luis Revilla salió al paso: dice que él seguirá ganando Bs 15.000 este año y que el aumento proyectado para 2027 será evaluado según la situación económica. Pero la pregunta permanece: ¿están de acuerdo el pueblo y quienes pagan los impuestos con que sus autoridades se suban el sueldo?

La explicación preliminar sobre la pólvora negra no cierra el caso de las explosiones en el Regimiento Bolívar de Viacha. Ahora el propio Rodrigo Paz ordena una investigación técnica y transparente para establecer las causas, verificar si se cumplieron los protocolos de seguridad y determinar responsabilidades.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, puso el límite sobre la mesa: Evo Morales debe presentarse ante la justicia porque “nadie está por encima de la ley”. Y advirtió que una cosa es protestar y otra convertir las movilizaciones en bloqueos que afectan la circulación, el abastecimiento y la estabilidad del país.

La reestructuración de YPFB y la ANH adquiere una dimensión mayor: el Gobierno afirma que su diseño sigue lineamientos del Banco Mundial y que el BID participa en el proceso de apoyo. La pregunta ahora es qué modelo institucional se está construyendo y bajo qué condiciones.

El presidente interino del BCB, David Espinoza, sostiene que la inflación no volverá a dos dígitos este año y que el control de la base monetaria será clave. El problema es que la estabilidad monetaria por sí sola no resuelve la crisis: si el Gobierno no recupera la confianza, los dólares, la producción y la inversión, la economía puede terminar pagando el costo de una política monetaria restrictiva.

Desde el Campo Ferial Chuquiago Marka, durante la inauguración de la novena Feria Internacional La Paz Expone 2026, el presidente Rodrigo Paz advirtió: “No estamos lejos de que quieran generar otro sismo político estructural”. La frase abre una pregunta inevitable: ¿por qué lo dice ahora y qué información tiene el mandatario para hacer esa advertencia? Porque mientras Paz apunta hacia un eventual intento de desestabilización, en la calle también crece otra lectura: el Gobierno debería mirarse en el espejo, porque varias cosas no están saliendo como esperaba.

El jurista Franz Barrios puso sobre la mesa una discusión que va más allá de la certificación de idiomas: el Estado puede exigir el cumplimiento de una obligación constitucional, pero no necesariamente debe monopolizar dónde se aprende ni quién certifica. Con la abrogación del decreto que concentraba la certificación oficial, el debate se amplía: ¿debe el Estado limitarse a exigir competencias lingüísticas o también decidir qué idioma debe aprender un ciudadano para acceder a una función pública?