El vocero presidencial José Luis Gálvez advirtió que, si fuera necesario, el Gobierno podría recurrir al “estado de sitio” frente a nuevos bloqueos o hechos de violencia. Pero hay un pequeño —y nada menor— detalle jurídico: la Constitución Política del Estado vigente no contempla el estado de sitio; contempla el estado de excepción. Para hablar de aquella figura habría que remitirse a la antigua Constitución.
La subvención mantiene bajos los precios de la gasolina y el diésel, pero le cuesta al Estado millones de dólares que hoy hacen falta para otras prioridades. El vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que Bolivia destina unos $us 55 millones por semana para sostenerla y pidió discutir el tema con urgencia. Pero si el Gobierno habla de ajuste, la pregunta también mira hacia adentro: ¿cuánto está dispuesto a recortar en su propio aparato, desde el parque automotor estatal hasta los gastos administrativos? La calle entiende que hay que ajustar, pero quiere ver un plan concreto y que el ejemplo empiece por casa.
El Gobierno de Rodrigo Paz quiere prolongar por 90 días el estado de excepción y sostiene que todavía existen riesgos de desestabilización política y social. Pero la medida ya no se plantea en el mismo escenario de los bloqueos que dieron origen al primer decreto: ahora el Ejecutivo debe explicar qué amenaza concreta persiste y por qué las herramientas ordinarias del Estado no serían suficientes. La última palabra la tendrá la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Cochabamba celebra este lunes su aniversario, pero la antesala de la fiesta dejó una imagen difícil de ignorar: Edmand Lara estuvo con el gobernador Leonardo Loza y Rodrigo Paz compartió escenario con el alcalde Manfred Reyes Villa, en sesiones de honor paralelas. Dos actos protocolares, dos escenarios y dos acompañamientos políticos para una misma efeméride. En la calle, la lectura fue más sencilla: “una pena”.
La Coca-Cola retornable, aquella que durante años podía entrar en el presupuesto familiar por ser una opción relativamente accesible, ahora se encuentra en Bs 13 en la calle, un boliviano más que antes. Y mientras la presentación no retornable puede llegar hasta Bs 20, en las casas empieza a escucharse una vieja receta contra el bolsillo apretado: “mejor hacemos refresquito de cebada o mocochinchi, como hacían las abuelas”. Un boliviano parece poco, pero cuando se suma a otros gastos, hasta el refresco entra en la calculadora familiar.
El nuevo Terrapuerto de Cochabamba, construido en Albarrancho, no es una terminal municipal: es de carácter privado. La inversión privada supera los $us 30 millones, mientras la Alcaldía asumió con recursos municipales la construcción de vías y un puente de acceso. Dos inversiones, dos competencias y una pregunta que no debería quedar en la puerta: ¿quién gana con este negocio y qué gana Cochabamba?
Cochabamba se prepara para celebrar su aniversario departamental con una particular disputa institucional: Alcaldía y Gobernación tienen agendas y actos propios mientras sus autoridades se disputan el protagonismo de una fecha que debería unir a los cochabambinos. Pero lejos del protocolo, las banderas y la testera oficial, la calle tiene otra prioridad: generar ingresos, sostener el negocio, conseguir trabajo y llevar dinero a casa. Dos gobiernos pueden disputarse un acto; la gente disputa cada día cómo llegar a fin de mes.
Devolver Bs 44.000 no cierra el caso; abre más preguntas. Dos diputados del PDC, Yazmín Guizada y Henry Balderrama, restituyeron el dinero después de ser señalados por un presunto cobro vinculado con la obtención de cargos públicos. Si, como sostienen, no hubo ninguna promesa ni contraprestación y el dinero fue entregado voluntariamente, la explicación debería ser clara. Pero hay otra pregunta que apunta directamente a la Asamblea: ¿por qué la Comisión de Ética no abrió una investigación para establecer qué ocurrió? Y una tercera, todavía más delicada: si se demostrara que hubo dinero a cambio de utilizar el cargo o influencias para conseguir un nombramiento, el hecho podría ser analizado bajo figuras como cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias o tráfico de influencias, sin que eso implique afirmar de antemano que alguno de esos delitos fue cometido.
En los recorridos de CalleBolivia por calles, mercados y lugares de trabajo hay una escena que se repite: la hoja de coca está presente en la jornada de muchos bolivianos y su precio ya supera los Bs 50 por libra en algunas referencias, mientras en Cochabamba este viernes encontramos una cotización de Bs 60. Pero el dato que más llama la atención no está solamente en el precio, sino en la respuesta de los consumidores: pese al encarecimiento, la coca sigue siendo un gasto que muchos trabajadores no están dispuestos a recortar. Un constructor lo resumió sin vueltas: “Puede faltar un almuercito, pero coquita no”.
Rodrigo Paz sacó un chicle cuando en campaña le preguntaron cuál era su visión de país. Diez meses después, el senador Leonardo Roca rescata aquella escena y la convierte en una de las críticas más duras contra el Gobierno: el chicle se acabó, el sabor de la promesa también, y Bolivia sigue esperando respuestas frente al combustible, la economía, el centralismo y la inseguridad. La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿qué quedó de aquella visión de país cuando terminó la campaña?
