callebolivia

En Perú comenzó a circular una propuesta para retirar y reemplazar a los congresistas que no demuestren resultados concretos en seis meses. La idea no es nueva en el debate internacional: Reino Unido tiene un mecanismo de recall bajo determinadas causales y varios países latinoamericanos contemplan la revocatoria de autoridades electas. Bolivia también tiene revocatoria, pero con una diferencia clave: no puede activarse hasta después de la mitad del mandato. Entonces aparece una pregunta incómoda: si el ciudadano entrega mediante el voto una delegación de poder por cinco años, ¿por qué tendría que esperar tanto para saber si su representante está cumpliendo?

Se acabó la subvención. Ahora el diésel mira al precio internacional y la calle mira su bolsillo. El problema es que el petróleo no pregunta si Bolivia puede pagar cuando sube: una guerra, una crisis o un salto del crudo afuera puede terminar encareciendo el combustible en el país, y detrás de ese tanque vienen el pasaje, el flete, los alimentos y el costo de vivir. ¿Bolivia está preparada para pagar el precio mundial del diésel, venga como venga?

El diésel ya cuesta Bs 17,95, casi el doble de los Bs 9,80 anteriores, pero las colas no desaparecen y en algunas ciudades el transporte comenzó a replegar sus unidades. Imagine al chofer de una cisterna: llegó con un presupuesto calculado con el precio anterior y la nueva tarifa lo agarró en curva; ahora necesita más billetes para llenar el tanque y todavía debe esperar por combustible. Si se eliminó la subvención para garantizar el abastecimiento, ¿por qué el diésel todavía no aparece donde más se necesita?

“¿Subvención o futuro?” Rodrigo Paz puso así, de frente, el dilema ante el país y tomó una decisión: se suspende la subvención al diésel y su precio en Bolivia pasará a moverse con el precio internacional. El Presidente defendió el cambio como una forma de dejar de destinar recursos públicos a mantener artificialmente bajo el costo del combustible y anunció, al mismo tiempo, un paquete de medidas para amortiguar el impacto y mover recursos hacia la gente y la economía: Bono PEPE 2, Juancito Pinto de Bs 300, créditos preferenciales, apoyo a la producción, generación de empleo y ampliación del denominado “perdonazo” tributario.

Los Yungas vuelven a sorprender al mundo. Entre sus bosques nublados, donde la biodiversidad todavía guarda secretos, la ciencia acaba de reconocer una nueva especie de felino: el tilcayo (Leopardus tilcayo), un pequeño gato silvestre que las comunidades de la región ya conocían con ese nombre. El hallazgo, en el que participaron los investigadores bolivianos Paola Nogales Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel, de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), no solo pone a Bolivia en el mapa mundial de la investigación de la biodiversidad; también vuelve a colocar una pregunta sobre la mesa: ¿cuántas otras especies y secretos naturales pueden seguir escondidos en ese paraíso verde y cuánto tiempo podrán permanecer allí si su hábitat no es protegido?

Una mujer aparece agachada junto al zapato del presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, durante los actos por la efeméride de Cochabamba. La imagen se viralizó bajo la interpretación de que estaría amarrándole los cordones, pero la fotografía no permite confirmar qué hacía exactamente ni quién es la mujer. La escena, sin embargo, ya abrió una discusión que va más allá del zapato: ¿simple ayuda o una imagen que vuelve a poner al poder frente al espejo?

El presidente Rodrigo Paz defendió el financiamiento de casi $us 1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que esos recursos no llegan para aumentar el gasto, sino para estabilizar y fortalecer la economía boliviana. La explicación apunta a una pregunta que está en la calle: si no es dinero para gastar, ¿cómo pretende el Gobierno utilizarlo y, sobre todo, cómo piensa devolverlo?

El diputado Rolando Pacheco denunció ante el Ministerio Público que el gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Estanislao Finfera, viajó a Miami en primera clase con un pasaje cuyo costo habría sido de Bs 0. La denuncia ya fue presentada, pero hasta ahora no se conoce que la Fiscalía haya admitido formalmente el caso o iniciado una investigación. Si el beneficio existió y no estaba autorizado, ¿cómo se explica que el máximo ejecutivo de una empresa estatal pueda viajar al exterior sin pagar un solo boliviano?

“No conozco que en el Código Penal ni en el Código Civil diga que haber sido parte del Movimiento al Socialismo sea un delito”, respondió el vocero presidencial José Luis Gálvez al ser consultado por la prensa de exfuncionarios y estrategas vinculados a gobiernos del MAS en tareas relacionadas con la administración de Rodrigo Paz. La frase abrió un debate político, pero también una distinción necesaria: una militancia o un pasado laboral no deberían convertirse, por sí mismos, en una condena para ejercer una función pública. ¿No debería ser el servicio al Estado, la idoneidad y el cumplimiento de la función la verdadera vara para juzgar a un funcionario?

La Asamblea Legislativa aprobó por mayoría absoluta la ampliación del estado de excepción por 90 días y abrió al Gobierno de Rodrigo Paz un nuevo margen para enfrentar un escenario de conflictividad. Pero hay una distinción clave: un estado de excepción no es una licencia para gobernar por excepción ni sustituye la capacidad de gestión ordinaria del Estado.